Nuevos protectorados modernos - Cesion de Soberania en la Union Europea - Una alerta al mundo financiero.

Nuevos protectorados Cortesia: Le Monde diplomatique - Ignacio Ramonet

El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero, el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas. De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha. Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada. Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler. A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano. De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado. Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior. No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España). Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia. Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie” (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5). Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea. Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste. El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros. Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo? (1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.# (2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados. (3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011. (4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011. (5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

HMD INV SAS INVERSIONES Y CONSULTORIAS: La actitud inverosimil de los gremios economicos ...

HMD INV SAS INVERSIONES Y CONSULTORIAS: La actitud inverosimil de los gremios economicos ...: La otra cara del artículo de Semana: la pelea contra el status quo. Cortesia:http://www.lasillavacia.com.   Juanita León El fin d...

La actitud inverosimil de los gremios economicos y empresarios en Colombia.

La otra cara del artículo de Semana: la pelea contra el status quo.

Cortesia:http://www.lasillavacia.com. Juanita León

El fin de semana pasado, la Revista Semana sacó una carátula explicando por qué los gremios económicos y muchos empresarios estaban molestos con el Gobierno. Al día siguiente, la Cámara Colombiana de Infraestructura, Fenalco y Andi desmintieron el artículo y dijeron que no estaban ‘en gavilla’ contra el Gobierno. Sin embargo, es un hecho que muchos gremios sí han pataleado ante medidas que buscan modernizar la forma de hacer negocios, que le apuntan a una mayor transparencia frente a los consumidores y a crear unos estándares más acordes con las prácticas internacionales, sobre todo las de la OCDE.
Aquellos empresarios ineficientes y rentistas –y los gremios que les sirven de voceros– tienen razones para estar bravos porque estos cuatro funcionarios, que representan una nueva generación de tecnócratas ortodoxos, han intentado eliminar privilegios que distorsionan el mercado. Estos son algunos ejemplos de su pelea contra el status quo que no contó Semana:

Juan Carlos Echeverry - MinHacienda Echeverry y su viceministra Ana Fernanda Maiguashca han tomado varias decisiones de regulación en función de los consumidores tales como: Las tarifas de los cajeros automáticos: Echeverry sacó un decreto el año pasado que fija un tope de 4 mil pesos por retiro de un cajero que no pertenece a la misma red donde uno tiene su cuenta bancaria. Esto hizo bajar las tarifas en más de 3 mil pesos por retiro. También obligó a los bancos a avisarle a sus clientes con 45 días de antelación sobre cualquier cambio en las condiciones del servicio y a reportar en el extracto de fin de año cuánto le costaron los retiros de cajero. Pague fácil, pague digital: el Ministerio va a presentar un proyecto de ley en marzo que tiene al sector bancario nervioso porque busca facilitar los micropagos vía Paypal u otros mecanismos digitales por fuera del sector bancario, o través de celular sin necesidad de que la gente abra una cuenta bancaria como se ha hecho en Kenia. Esto le creará una competencia directa a los bancos pero democratizará enormemente las transacciones financieras para la mayor parte de la población colombiana que está desbancarizada.

José Miguel de la Calle - Superintendente de Industria y Comercio (SIC) Según Semana, una buena parte de la molestia de los gremios tiene que ver con una cartilla que sacó De la Calle explicándoles a los gremios qué tipo de prácticas la SIC consideraría anticompetitivas. Varios gremios dijeron que lo que quería el Superintendente era acabar con ellos. Pero en realidad la guía es una traducción de una inglesa, europea y de la OCDE. En todo caso, si el Superintendente logra continuar con su política, las prácticas gremiales sí darán un vuelco de 180 grados, pues tendrán que ceñirse a estándares internacionales de manejo de información y sobre todo abstenerse de instigar prácticas anticompetitivas como ocurre hoy en día. La SIC ha acelerado los procesos, que antes se demoraban 21 meses y ahora salen en siete meses. Además, con una nueva ley que acaba de salir, las multas pasaron de un tope máximo de 1070 millones a 50 mil millones de pesos. Y solo el año pasado las sanciones a empresas y gremios aumentaron en un 250 por ciento frente al 2010, por un monto de 35 mil millones de pesos. Estas son algunas de las decisiones que ha tomado la Superintendencia bajo José Miguel de la Calle: El ‘consenso de Acemi’: como lo contó La Silla Vacía en su momento, La SIC sancionó con una multa de más de mil millones de pesos a cada una de las 14 EPS, que agrupan más del 90 por ciento de los afiliados al régimen contributivo, al gremio Acemi y a algunos representantes legales de esas EPS por ponerse de acuerdo para negar de manera concertada y deliberada servicios de salud a las que estaban obligadas; por intercambiar información con sus competidores con el fin de fijar de manera indirecta el precio del servicio de aseguramiento en salud o UPC; y por seguir instrucciones de Acemi para falsear la información suministrada al Ministerio. Fendipetróleo: La SIC castigó al gremio Fendipetróleo por instigar a las estaciones de gasolina afiliadas para que no bajaran los precios de la gasolina durante los últimos años (ver nota) Sector azucarero: La SIC sancionó en febrero de 2010 a diez de las más grandes empresas azucareras por fijar los precios para liquidar la caña de azúcar y el alcohol carburante en perjuicio de sus proveedores. Luego, la SIC, bajo el liderazgo de De la Calle, encontró que Procaña, la Asociación Colombiana de Proveedores y Productores de Caña, estaba haciendo algo parecido: reuniendo a sus afiliados con el fin de uniformar los contratos que negociaban con los ingenios y eliminando así la competencia. Las agremiaciones de hospitales: varias están siendo investigadas y otras ya fueron sancionadas porque uniforman el contrato para vender servicos a EPS. Lo mismo estarían haciendo sociedades de pediatras. Asociaciones de centros de diagnóstico automotriz: los miembros acuerdan tarifa para la revisión de gases, que no está regulada por el Estado. Caracol y RCN: la SIC sancionó a los dos canales privados con una multa de mil millones de pesos por firmar un contrato con la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, Ucep, para comprarle a la empresa de mediciones Ibope las mediciones de rating. En el contrato estipularon que si un tercero quería comprar los estudios de rating de Ipobe necesitaba su autorización previa y pagar su alta tarifa. Y al mismo tiempo, en una práctica completamente anticompetitiva, excluyeron a los canales internacionales de acceder a estas mediciones, que son fundamentales para la compra de pauta publicitaria.

Juan Ricardo Ortega - Director DIAN Como lo contó La Silla Vacía, Ortega ha logrado con mayor fiscalización y cerrando huecos de evasión que en el año y medio que lleva a cargo de la Dirección de Impuestos el recaudo creciera más del veinte por ciento y en unos dos puntos del PIB. Pero además, ha tomado medidas que tienen a algunos empresarios con los pelos de punta como: Cierre de comercializadoras internacionales: Ortega ha cerrado más de 1500 de estas empresas creadas para exportar bienes sin necesidad de pagar el IVA. De esta manera, mientras las empresas grandes le hacían un bypass al engorroso procedimiento de devolver este impuesto, las chiquitas sí tenían que hacerlo. Pero sobre todo, varias de estas comercializadoras internacionales terminaron sirviendo para lavar activos. Muchas fueron creadas en Cúcuta para apoderarse fraudulentamente de las divisas del Cadivi de Venezuela. El cambio de formulario: Ortega creó un formulario de pago de impuestos que obliga a detallar los ingresos y gastos de tal forma que cierra esquemas de elusión. Esquemas como, por ejemplo, registrar como prima por colocación de acciones, que son ingresos no constitutivos de renta, rubros que se deberían registrar como capital. O en el sector minero, por ejemplo, llevar al gasto el arreglo de un camión, que puede valer varias decenas de millones de dólares, en cambio de depreciarlo. O llevar los intereses al gasto, con lo cual las sociedades pagan menos impuestos cuando por ejemplo registran 20 millones de patrimonio pero obtienen un crédito por 3500 millones de dólares. Los gremios se han quejado que este formulario es tan largo y tan difícil de llenar que es muy ineficiente. Pero lo que no dicen es que así es más difícil decirle mentiras al fisco.

Luis Guillermo Vélez - Superintendente de Sociedades   Desde que asumió su cargo, Vélez (ex blogger de La Silla Vacía) ha tomado varias decisiones que apuntan a modernizar el sector empresarial y a regirse por estándares modernos de gobierno corporativo definidos por la OCDE como: Grupos empresariales: una nueva decisión de la Superintendencia obliga a las empresas a revelar los vínculos que tienen con otras empresas que dependen de la misma matriz. Esto le permite, por ejemplo, a un acreedor saber si otra empresa del mismo grupo está muy endeudada antes de prestarle plata a otra compañía. La Supersociedades recientemente le impuso una multa a la minera Glencore de 500 millones de pesos porque no reportó que cuatro sociedades de minas en el César (CI Prodeco S.A., Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones del Tesoro y la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo) estaban todas bajo el control de CI Dalima Holding SAS. Ya antes había sancionado a Pacific Rubiales con una multa de 100 millones de pesos por la misma razón. Como lo mostró La Silla, la mayoría de las mineras de oro están agrupadas en cinco grandes grupos empresariales. Pero no reportar estas empresas como parte del mismo grupo empresarial les da unos beneficios en términos de las licencias ambientales pues entre más grande es la empresa, mayor es el estándar ambiental que debe cumplir. Y también tiene un impacto en el monto de las regalías a pagar. Las matrices en los paraísos fiscales: una ley que está impulsando Vélez con el director de la Dian y el senador conservador Juan Mario Laserna obligaría a las empresas extranjeras que tengan sucursal en Colombia a informar quiénes son sus beneficiarios reales –es decir, quiénes son las personas naturales que, en última instancia, son sus propietarios. Esta norma evitaría la elusión de impuestos como el del patrimonio o el de renta por parte de empresarios colombianos que han creado compañías en paraísos fiscales y que no incluyen entre sus ingresos las utilidades que reciben a través de estas compañías ‘extranjeras’ (ver artículo). Aunque esta ley sigue muchos de los parámetros de la Ley Fatca de Estados Unidos, es muy improbable que pase en Colombia dado el poderoso lobby que intentará bloquearla. Responsabilidad de los administradores: la Superintencia ha comenzado a aplicar de manera más estricta la ley 222 de 1995, que hace a los administradores de una empresa y a los miembros de las juntas directivas responsables sobre las decisiones de la compañía. Esto es particularmente relevante cuando hay insolvencias fraudulentas.

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Para reflexionar: La puesta en marcha del TLC con Estados Unidos.

Especial: "El 2012". La puesta en marcha del TLC con Estados Unidos  
Cortesia: Razonpublica-Mauricio Cabrera Galvis.

En la agenda colombiana para este año figura la “implementación” del TLC con Estados Unidos, proceso riesgoso como un campo minado. Análisis brillante y desapasionado que arroja luz sobre las consecuencias reales del tratado, especialmente en materia laboral y de salud para los colombianos.

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Para bien o para mal

La ratificación del TLC por parte del Congreso de los Estados Unidos, tras una vergonzosa espera de cinco años, constituyó una de las principales noticias económicas del año pasado y uno de los hechos que va a definir el rumbo del país en el futuro próximo, para bien o para mal.

No se trata de una exageración: ni este TLC es un simple tratado, sino un contrato de adhesión en toda regla a las exigencias del gobierno norteamericano, ni se refiere únicamente al comercio. Por el contrario: se trata de un convenio bilateral de segunda generación, que ya no se limita a la reducción de los aranceles en las importaciones de bienes, como hizo Colombia de manera precipitada y unilateral en la apertura de principios de los noventa, sino que incluye muchos otros temas como el desmonte de barreras no arancelarias, la protección a la inversión extranjera, los mecanismos de resolución de conflictos, los derechos de propiedad o la liberación del comercio de servicios, incluyendo los financieros, y la eliminación de los controles a los flujos de capitales.

Euforia aquí, realismo allá

Como era de esperarse, el gobierno recibió la noticia con bombos y platillos. El presidente Santos la calificó como un hecho histórico con enormes beneficios económicos, tales como un aumento permanente del 1 por ciento en la tasa de crecimiento de la economía, la generación de 250.000 nuevos puestos de trabajo y un crecimiento mínimo del 6 por ciento en las exportaciones.

El entusiasmo del ministro de Comercio Exterior fue aún mayor, pues anunció que –gracias al TLC– en cinco años se van a triplicar las exportaciones a Estados Unidos y se van a crear más de 300.000 nuevos empleos.

Si bien el TLC traerá algunos beneficios y no faltarán ganadores que sepan aprovecharlos, no hay justificación teórica ni empírica para tanto optimismo. Ni siquiera el gobierno norteamericano espera resultados tan asombrosos, aun si se reconoce como ganador neto en este TLC.

La meta global de la administración Obama es “duplicar las exportaciones de aquí a finales del 2014 mediante la apertura de mercados por todo el mundo.” Pero el papel reservado a Colombia en esta estrategia es marginal.

Según los estimativos oficiales del responsable de la política de comercio exterior norteamericana (USTR), el TLC deberá aumentar las exportaciones hacia Colombia en 1.100 millones de dólares anuales, mientras que las importaciones provenientes de Colombia tan solo crecerán en 487 millones de dólares por año.

No están lejos estas cifras del aumento estimado de las exportaciones en un estudio del Banco de la República de 2007, antes de que la revaluación del peso debilitara la competitividad de los productores colombianos: 600 millones de dólares anuales.

Más significativo puede llegar a ser el impacto en el comercio de servicios. El mismo estudio del Banco de la República concluía que con el TLC va a aumentar el déficit en la balanza de servicios, toda vez que las exportaciones de servicios aumentarán en 322 millones de dólares y las importaciones en 1.146 millones de dólares.

No es un resultado accidental, sino uno de las victorias más importantes de Estados Unidos en la negociación, al obligar a Colombia a aceptar condiciones que van más allá de los acuerdos mundiales de comercio.

En su informe al Congreso para motivar la aprobación del Tratado, el USTR decía: “Colombia garantizará un acceso sustancial a la totalidad de su mercado de servicios, con muy pocas excepciones. Colombia adquirió compromisos que van más allá de los requeridos en la OMC, y aceptó desmontar barreras significativos en servicios y en el régimen de inversión, como por ejemplo la exigencia de que las firmas estadounidenses empleen colombianos para prestar servicios profesionales.”

A pesar de estas ganancias significativas para su país y de que – como lo dijo el propio presidente Obama – este TLC servirá para “estimular el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y crear empleos en los Estados Unidos”, las expectativas de su gobierno son mucho más modestas en materia de empleo.

Para el USTR, un aumento de 1.100 millones de dólares en sus exportaciones debe crear en Estados Unidos 7.000 nuevos empleos (hay que escribirlo en letras para que no se crea que fue un error tipográfico: solo siete mil).

Mientras que un aumento menor en nuestras exportaciones — y sin haber siquiera comenzado a cerrar la gigantesca brecha de productividad — lleva al eufórico ministro a anunciar la creación de más de 300.000 empleos en Colombia. Este tipo de milagros no existen en la economía global.

¿Qué va a pasar de veras?

Lo que los estudios y los modelos econométricos pronostican que va a suceder con el comercio exterior colombiano, ya ha sucedido en otros países que firmaron TLC con Estados Unidos: antes de la crisis financiera del 2008, el crecimiento de las exportaciones norteamericanas a estos países fue el doble de las exportaciones al resto del mundo, siendo Jordania y Chile los casos más exitosos, países que efectivamente aumentaron sus importaciones de Estados Unidos en un 90 por ciento desde la firma del TLC. Como consecuencia, el déficit comercial de Estados Unidos con este conjunto de países se transformó en un superávit, que alcanzó la no despreciable suma de 12.000 millones de dólares.

Más reciente y más cercano a Colombia – como otro anticipo de lo que nos va a pasar – es el resultado del TLC firmado con los países centroamericanos (CAFTA). En el primer año de vigencia de este Tratado, las exportaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua hacia Estados Unidos apenas crecieron 1,4 por ciento, mientras que las importaciones provenientes de ese país aumentaron 18 por ciento. Como consecuencia desapareció el superávit comercial de 1.500 millones de dólares que tenían los centroamericanos.

Para iniciar este debate se pueden mencionar dos de las áreas a las que se debe prestar mayor atención: el mercado laboral y la adaptación de la legislación colombiana.  

Impacto sobre el mercado laboral

En materia laboral, es preciso recordar que el TLC acusa una profunda asimetría, porque solo garantiza el libre intercambio de bienes y el libre flujo de capitales, pero no dice nada sobre liberar el flujo de trabajadores. Es una globalización asimétrica que va en contravía de toda la teoría de las ventajas del libre comercio, que produce ganancias si hay libre movilidad de todos los factores de producción: capital y trabajo.

Es inconsecuente con la retórica del libre comercio que se exija la apertura total de los flujos de capitales y que se garanticen todos los derechos de propiedad intelectual a la tecnología y la inversión, pero al mismo tiempo se impongan toda clase de restricciones a las migraciones de trabajadores. Si se supone que un país debe exportar aquello que tiene en abundancia, ¿por qué los millones de desempleados que pueden perder sus empleos por la apertura comercial no pueden ir legalmente a buscar trabajo en los países que están sustituyendo los productos nacionales?

A pesar de esta asimetría, la discusión del TLC en el Congreso norteamericano trajo un inesperado beneficio para los trabajadores colombianos, porque los legisladores demócratas pusieron como condición que el gobierno tomara medidas para proteger a los sindicalistas, mejorar la calidad de los contratos de trabajo, defender el derecho a las negociaciones colectivas y restringir las cooperativas de trabajo asociado. Es un efecto positivo, aunque sea una vergüenza que se nos haya impuesto desde afuera.

El gobierno colombiano ya ha tomado varias de las medidas exigidas, pero ya se empiezan a oír opiniones según las cuales el TLC puede llegar a destruir empleos, no por el desbalance comercial, sino por efecto de la mejora en la situación de los trabajadores… Por ejemplo, en el Comentario Económico del 12 de octubre de ANIF se dice: “la búsqueda del TLC con Estados Unidos ha terminado encareciendo de facto la mano de obra en Colombia. Así, esto amenazará con una rápida pérdida de competitividad de nuestra industria y, entonces, ¿para qué TLC?”, es decir que “Colombia salió en busca de lana, a través del TLC de Estados Unidos, y estamos quedando “trasquilados”, en materia de competitividad laboral”.

Por lo tanto, se enfrenta el riesgo de que para poder competir en un escenario de reducción de aranceles con revaluación, los empresarios nacionales acudan a la estrategia de recortar costos laborales, no bajando salarios porque no pueden hacerlo, sino despidiendo trabajadores y aumentando el desempleo.  

“Implementación” bajo presión

Aunque parecería que con la aprobación en el Congreso norteamericano ya quedó cerrada toda discusión sobre el TLC, la verdad es que en su “implementación” todavía pueden aparecer unas cuantas sorpresas que modifiquen el balance entre costos y beneficios o que alteren los grupos de ganadores y perdedores. En el argot tecnocrático se denomina “implementación” a los cambios que Colombia debe introducir en su legislación para que el USTR certifique que se han cumplido todas las exigencias y se pueda poner en marcha la ejecución del tratado. En este proceso pueden llegar a perderse los pocos logros que se obtuvieron en el proceso de negociación o en la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

El caso más preocupante es el de los derechos de propiedad intelectual por todas las implicaciones que tiene sobre el acceso a medicamentos. El texto inicial “negociado” (mejor habría que decir impuesto) del TLC incluía cláusulas de protección a patentes y datos de las multinacionales farmacéuticas que restringían y encarecían el acceso a medicamentos por la limitación al uso de productos genéricos. Estudios sobre el tema estimaban que los sobrecostos a la salud de los colombianos originado en estas cláusulas podían llegar a ser del orden de 1.000 millones de dólares anuales.

De nuevo, lo que no lograron los negociadores colombianos lo exigieron los congresistas demócratas, quienes acabaron haciéndonos un favor. Sus exigencias se plasmaron en el Protocolo Modificatorio del TLC que se firmó en el año 2007, donde quedaron como optativas algunas de las barreras establecidas en materia de patentes, reduciendo así los costos de acceso a medicamentos.

El riesgo en este caso, que parece haberse ya materializado, radica en que el gobierno colombiano bajo presión por parte de los representantes del USTR está introduciendo cambios que nos regresan al texto inicial del TLC, es decir, dando más gabelas y protección a las multinacionales a costa del derecho a la salud de los colombianos. Otra exigencia del USTR que el gobierno trató de implementar fue la de las universidades con ánimo de lucro, iniciativa que fue derrotada por la masiva protesta estudiantil.

Los temas de propiedad intelectual son más técnicos y especializados, pero sería conveniente que también se divulgaran ante la opinión pública para evitar que la “implementación” del TLC acabe siendo peor que el tratado ya aprobado.

* Economista y Filósofo.  Director Programático de la campaña del Partido Liberal y consultor independiente, es autor de varios libros y columnista de diarios colombianos.